Todo eso pasará a ser administrado por otros, probablemente La Junta
o la propia Diputación, con lo que no se puede descartar la posibilidad
de que se acabe entregando a empresas o particulares para su
explotación, mediante algún tipo de acuerdos o convenios
.
Las juntas vecinales de los pueblos cepedanos, como los de otros
puntos de España, perderán las propiedades y comunales en virtud del
texto de un anteproyecto de ley aprobado por el gobierno de Mariano
Rajoy el 13 de julio pasado.
Montes comunales, antiguas escuelas, derechos de caza, maderas
todo
lo que ha sido propiedad comunal dejará de serlo en virtud de un texto
que desmantela las juntas vecinales.
Todo eso pasará a ser administrado por otros, probablemente La Junta o
la propia Diputación, con lo que no se puede descartar la posibilidad
de que se acabe entregando a empresas o particulares para su
explotación, mediante algún tipo de acuerdos o convenios
. En
definitiva, una desamortización de los núcleos rurales para la
administración de los bienes por políticos, empresarios o burócratas.
De esta forma, un inmenso pedazo de España va a ser arrancado a sus
propietarios, sin justificación, a la vez que se anulan instituciones
con más de 2.000 años de funcionamiento, en lo que se perfila como el
mayor robo del siglo XXI.
Y ese asalto a lo ajeno se ha producido casi sin escándalo público
porque se lleva a cabo en los núcleos rurales, envejecidos y silentes, y
a través de una legalidad con la que se quiere aparentar mayor
racionalidad. Robo y esquilmación de la historia.
Los núcleos rurales del norte de España han empezado a tomar
conciencia del asalto gubernamental y están empezando a realizar
asambleas para informar del anteproyecto por la cual se quieren eliminar
las competencias de las Juntas Vecinales.
Desde tiempos romanos pervive en estos lugares del norte una
institución, el Consilium, traducida en nuestro tiempo al Concejo, que
es la asamblea que se reúne periódicamente para regir los asuntos
importantes del lugar. Allí se aprueban las cortas de los bosques, los
derechos de pastos, de cultivo y de caza, la administración de las
propiedades del lugar
es un Parlamento del pueblo, en el que cada
habitante tiene un voto.
Gobierna la Junta vecinal un presidente, también elegido
periódicamente por votación popular. Y esta Junta se encarga de multitud
de aspectos de atención a los recursos y necesidades del vecindario. Y
cuando hace falta dinero para arreglar algo o para ayudar a alguien
se
establecen cuotas que todos suscriben.
Todo tiene una base de administración democrática de dos mil años, y
que ha servido para defender los derechos de cada uno de los vecinos.
Y ahora vamos a otro capítulo importante. Todos los recursos
comunales pertenecen a todos y se administran por todos. Los campos se
distribuyen equitativamente entre quienes quieren trabajarlos, igual que
las maderas o los derechos de pasto
y se exponen anualmente todos los
detalles de la explotación.
Coexiste así en el campo una explotación privada, de origen latino,
con unas exploraciones públicas, de marcada influencia germánica
(invasiones bárbaras) lo que da a los pueblo un elevado equilibrio
social. Un campesino puede que no tenga muchos terrenos privados, pero
de lo público le corresponde una parte igual que a cualquier otro. De
hecho, las partes se distribuyen por una comisión, se numeran y se
entregan por sorteo.
Pues este sistema milenario, democrático e igualitario de reparto de
bienes se acaba por una normativa que ha propuesto el Gobierno Español
este mes de julio y que dada la mayoría existente del Partido Popular-
puede ser aprobada sin modificación alguna.
A los ya menguantes lugares del campo español, les quitarán ahora las
casas comunales (antiguas escuelas, sede del concejo, etc.) les quitan
los campos comunales, los pastos, los derechos de caza, los bosques
.
Robar al pobre para engrosar los bolsillos del rico o del burócrata.
Entre los más indignados se comenta que no es extraño que de
proseguir este asalto, proliferen aún más los incendios. Mucha gente
opina que hay que calcinar las tierras antes que entregarlas a los
ladrones disfrazados de burócratas.
Conocedores del gravísimo problema, ante este asalto a las haciendas y a la historia desde guiarte.com/La Cepeda proponemos:
Difundir el robo.
Protestar en defensa de los derechos económicos e históricos de estos lugares
Anunciar que no se volverá a votar jamás a los autores de esta brutal expoliación económica e histórica
Apoyar las movilizaciones para defensa de estos vestigios democráticos con más de 2000 años de vigencia.
Promover y difundir allá donde estemos, este vestigios histórico que quieren borrar.
Promover ante la UNESCO, el reconocimiento como Patrimonio Mundial
del este sistema económico antes de que el Estado lo arrase.